El ejecutivo ha optado por soluciones pragmáticas. Subir dos puntos el IVA puede justificarse argumentando que el tipo general español era de los más bajos de toda la UE. Además, se trata de un impuesto que genera  un nivel de recursos nada despreciable, y que muy probablemente no se verá afectado negativamente por una subida del tipo en sólo dos puntos. En contra tiene que se trata de un impuesto lleugeramet regresivo: quien consume más en términos proporcionales suele ser quien tiene menos ingresos. Por lo tanto, un impuesto sobre el consumo le afectará de manera más negativa.

La solución de abolir los 400 euros entra dentro también de esta lógica pragmática. El gran error fue la creación de la deducción, que ha desviado una gran cantidad de recursos fiscales sin que se haya visto ninguna contrapartida significativa en términos de mayor consumo. También parecía lógico que si se incrementaban impuestos indirectos y se eliminaba la deducción de un impuesto que grava principalmente las rentas del trabajo, se hiciera algo sobre los impuestos sobre las rentas del capital. Esta actuación ha sido tímida, teniendo en cuenta que no había demasiado margen de maniobra.

Donde sí discrepo radicalmente es en no haber actuado sobre dos impuestos que, pese a tener un pequeño impacto en términos cuantitativos, sí lo tienen en términos simbólicos. Me refiero al tratamiento fiscal de las SICAV, y de los profesionales expatriados. En momentos de dificultades financieras y donde se pide a la población que acepte un esfuerzo suplementario no se entiende que no se les haya incluido. Uno de los peligros de toda subida de impuestos es la generación de incentivos a la evasión fiscal. Y nada peor para combatirla que la percepción de que el sistema impositivo es injusto y beneficia a los más poderosos.

Finalmente ha llegado una decisión que algunos analistas (y que también desde aquí) habíamos abonado: la eliminación de las deducciones a la adquisición de la vivienda. La reciente decisión del gobierno de limitar a partir del 2011 esta deducción (y de manera parcial) a aquellas personas con rentas anuales inferiores a 24.000 euros constituye su desaparición de facto, ya que difícilmente una persona en este tramo de renta está en condiciones de ‘adquirir una vivienda.

De hecho, la elección de este límite de renta anual no es casual, ya que este año se ha reintroducido una deducción al alquiler que sigue una fórmula de deducción idéntica a la que ahora se propone a la venta. Se consigue así una igualdad de trato fiscal entre alquiler y adquisición, reparando en una histórica discriminación que ha sido uno de los motores de la burbuja inmobiliaria. Además, el carácter progresivo de la deducción (la deducción máxima sólo es aplicable para rentas muy bajas) evita el efecto escalón.

Un tema distinto es la falta de equidad intergeneracional que genera esta medida. Así, las personas que hayan adquirido o adquieran una vivienda antes del 2011 tendrán derecho a disfrutar de la deducción actual, mientras que a partir de aquella fecha no existirá tal derecho. En otras palabras, esta medida constituye una subida de impuestos en toda regla a las generaciones más jóvenes. Un hecho que no pasa inadvertido por unas generaciones que se han visto perjudicadas tanto laboralmente, como en un empeoramiento de las condiciones para acceder a las pensiones de jubilación.

Recientemente han surgido iniciativas legislativas animadas a establecer impuestos sobre las máquinas de vending, las cuales mayoritariamente proveen de artículos que caerían en la categoría de “generadores de obesidad”. Se ha hablado de un tipo impositivo del 18%. 

¿Sería deseable desde un punto de vista de eficiencia económica  un impuesto de estas características? 

• Por una parte nos encontramos con un problema de externalidades negativas. Los fabricantes de productos alimentarios utilizan productos que les son económicos pero que generan problemas de salud a los consumidores, generando a su vez un problema de salud pública. El impuesto permitiría que los fabricantes internalizar este coste, decantándose por productos o técnicas no tan económicas, pero más saludables. 
• Por otra parte, surgen las dudas de aplicabilidad en cuanto a qué productos serían elegibles y cuáles permanecerían exentos. Donde se pone la barrera? 
• Finalmente un tercer aspecto a tener en cuenta: imponiendo impuestos sobre el vending podemos no alcanzar nuestro objetivo final, ya que la distribución puede derivarse hacia otros canales alternativos. 

Sin embargo, quizá sea mejor un impuesto sobre las máquinas de vending que la prohibición directa del vending en establecimientos escolares o culturales, tal y como ya ocurre en partes de Estados Unidos.